MEXICALI, México.— El Centro para la Diversidad Biológica, Comarino y Greenpeace México presentaron hoy una demanda de amparo contra las nuevas disposiciones que regulan la pesca en el Alto Golfo de California, las cuales abren extensas zonas del hábitat de la vaquita marina al uso de las mortales redes de enmalle, que han llevado a estos pequeños cetáceos al borde de la extinción.

“El gobierno tomó una decisión con consecuencias potencialmente catastróficas para la vaquita sin darle a la ciudadanía una oportunidad real de examinar los límites propuestos y expresar sus observaciones”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Cuando solo quedan unos 10 de estos pequeños cetáceos, México debería hacer cumplir las restricciones en todo el hábitat de la vaquita, en lugar de legalizar las redes de enmalle en aguas que deberían estar protegidas. Las vaquitas no siguen los límites de los mapas y los científicos las han observado repetidamente fuera de la Zona de Tolerancia Cero”.

La demanda sostiene que la reforma debilita medidas esenciales para evitar la extinción de una especie en situación crítica: reduce las restricciones de conservación justo cuando la supervivencia de la vaquita exige reforzarlas. Además, el gobierno la publicó el 14 de octubre sin consulta pública, en contravención del Acuerdo de Escazú. La demanda advierte también que este retroceso vulnera el principio de no regresión: tanto la Constitución mexicana, que obliga a ampliar los derechos humanos y no a recortarlos, como el Acuerdo de Escazú impiden reducir la protección ambiental ya alcanzada, por lo que el gobierno podría estar incumpliendo obligaciones legales concretas. Por ello, las organizaciones solicitan al juzgado suspender las nuevas disposiciones mientras resuelve el caso.

“La reforma del 14 de octubre de 2026 reduce considerablemente la superficie donde se prohíbe el uso de redes agalleras o de enmalle y, con ello, debilita la protección de la vaquita marina. Esta reducción se suma a más de seis años de omisiones: desde la adopción del Acuerdo de 2020, las autoridades no han garantizado el cumplimiento efectivo de la prohibición ni la instalación de sistemas de monitoreo en todas las embarcaciones pesqueras sujetas a esa obligación. La persistencia de estas omisiones, junto con la reducción del polígono, agrava el riesgo de extinción de la especie y plantea una cuestión de responsabilidad para el Estado mexicano”, dijo Ilse Vázquez Maldonado, abogada y activista.

Las redes de enmalle, usadas para capturar camarón y totoaba, son la principal amenaza para la vaquita, que queda atrapada en ellas y muere ahogada. La totoaba es un pez en peligro de extinción cuya vejiga natatoria (buche) se trafica principalmente hacia Asia. Se estima que quedan unas 10 vaquitas, frente a cerca de 600 en 1997.

En comparación con las medidas de septiembre de 2020, la nueva regulación reduce en cerca de un 86 % la superficie donde se prohíben las redes de enmalle, lo que deja sin protección miles de kilómetros cuadrados del hábitat histórico de la vaquita. Además, deja fuera una zona clave al noroeste de la Zona de Tolerancia Cero, donde se vieron vaquitas en 2025 y 2026 y donde el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) recomendó colocar bloques de concreto con ganchos que impiden usar redes, algo que aún no se ha hecho.

“El CIRVA le indicó al gobierno exactamente dónde se necesitaba protección adicional con urgencia”, dijo Yolanda Alaniz, consultora científica de Comarino. “La ciudadanía debió haber tenido la oportunidad de examinar los mapas, la evidencia científica y los riesgos para las vaquitas antes de que estas disposiciones entraran en vigor. No solo se reduce el área, sino que se divide a la mitad con un canal de navegación. Esto equivale a la fragmentación de su hábitat”.

Las recientes disposiciones también abren un corredor de navegación de 350 metros de ancho a través de la Zona de Tolerancia Cero, donde anteriormente estaban prohibidos tanto la pesca como el tránsito de embarcaciones. Aunque el monitoreo satelital de embarcaciones ya está en marcha —los dispositivos se instalaron después del inicio de la temporada de camarón—, la nueva regulación aplaza esa obligación 12 meses y la condiciona a la autorización presupuestal. Las organizaciones señalan que estos cambios debilitan los esfuerzos para frenar la pesca ilegal con redes de enmalle y el tráfico de totoaba.

“Las comunidades pesqueras necesitan medios de vida sostenibles a largo plazo y métodos de pesca seguros para las vaquitas. Desde Greenpeace México estamos de acuerdo en que las comunidades pesqueras, al igual que toda la población, tienen derecho a vivir dignamente, pero para ello no es necesario sacrificar a esta especie. El gobierno de México debe atender la deuda de justicia social sin menoscabo del medioambiente. Si las comunidades pesqueras tuvieran apoyos para transitar a otras artes de pesca sostenibles, y sus necesidades resueltas, no sería necesario permitir que se ponga en riesgo a esta especie”, señaló Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México. “La población también necesita que las decisiones se tomen con transparencia y con la participación de todas las personas afectadas. El juzgado tiene en sus manos la posibilidad de frenar este retroceso antes de que una mayor parte del hábitat quede expuesta a redes mortales”, abundó.