QUITO, Ecuador— Grupos ambientalistas presentaron hoy un escrito legal instando a la Corte Provincial de Imbabura en Ecuador a detener todos los permisos ambientales de un proyecto minero, porque el gobierno no consideró los efectos de la mina sobre dos ranas en peligro de extinción recientemente descubiertas, entre otras especies vulnerables.

Este incumplimiento viola los “Derechos de la Naturaleza” consagrados en la constitución ecuatoriana, según el escrito de hoy, que sustenta una demanda interpuesta por la comunidad de Imbabura.

El Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Ecuador otorgó la concesión minera y la licencia ambiental al proyecto minero Llurimagua, sin embargo la Evaluación de Impacto Ambiental complementaria del proyecto, presentada en 2018, no consideró los efectos sobre dos especies de ranas en peligro de extinción, la rana arlequín (Atelopus longirostris) y la rana nodriza confusa (Ectopoglossus confusus). Como resultado, el proyecto minero en el norte de Ecuador puede continuar sin ninguna medida de protección para las ranas.

“La rana nodriza confusa y la arlequín son especies en grave peligro de extinción que se tambalean al borde de la extinción”, dijo Alejandro Olivera, científico senior y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica. “Deben estar protegidos de las actividades mineras, que fragmentarían y degradarían aún más su precioso hábitat”.

El caso judicial impugna una mina de cobre y molibdeno propiedad de ENAMI, la empresa minera nacional de Ecuador, y sus socios chilenos. Un juez de primera instancia ya sostuvo que las fallas del gobierno violaron los derechos de la naturaleza y suspendieron el permiso ambiental de la mina.

“El juez reconoció que el ministerio no consideró a estas ranas en peligro de extinción en la evaluación ambiental de 2018 y de ahí la probable violación de los derechos de la Naturaleza”, dijo Natalia Greene, de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. “Tampoco se consideran los derechos de los ríos, por lo que el Amicus Curiae destaca el impacto directo del proyecto con efectos irreparables, ríos que también son entidades portadoras de derechos bajo la Constitución de Ecuador”.

Earth Law Center, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron un escrito de amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte ecuatoriana. Solicita a la corte que proteja el hábitat de las ranas y haga cumplir enérgicamente las disposiciones constitucionales que establecen los derechos básicos de la naturaleza, o "Pachamama", incluidos los derechos a la existencia y la restauración.

“Doce años después de reconocer por primera vez los Derechos de la Naturaleza en su constitución, Ecuador debe defender estos derechos en serio, incluso por estas ranas en peligro de extinción, de devastadoras concesiones mineras”, dijo Constanza Prieto Figelist, Directora Legal para América Latina de Earth Law Center. “Hacer cumplir los derechos de la naturaleza también protegerá el derecho humano a un medio ambiente saludable y los derechos de las generaciones futuras porque todos dependemos de ecosistemas saludables y funcionales para nuestra propia supervivencia”.

Permitir que prosiga la minería también sería contrario al objetivo nacional de lograr el buen vivir (“sumak kawsay”) y violaría la Constitución de la República del Ecuador, argumentan los grupos. También sería una violación de los principios fundamentales e innegociables de la naturaleza que la humanidad debe respetar para vivir en armonía y florecer.